Sociedad

El Consejo de Ministros que se celebró el viernes pasado en Sevilla aprobó el envío a las Cortes Generales de lo que ya se llama la “Ley Sinde”, en alusión a Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura e impulsora de esta normativa que prevé el cierre de sitios webs que permitan descargas de contenidos protegidos con derechos de autor. Ello está contenido en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyo texto se hizo público a finales del mes de enero, desatando la polémica.

Sintetizando el cambio que viene, lo que hoy es legal, pronto va a ser ilegal.

¿Y de qué manera? La Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible prevé la reforma de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet. A través de dicha Disposición se incluye un apartado más al art. 8 de la LSSI, artículo que prevé el cierre de sitios web por diversos motivos a los que se añadirá la salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual.

En virtud de ello, los órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios -Telefónica, Vodafone, Ono, o la empresa que en cada caso tenga contratada el usuario- la comunicación de los datos que permitan identificar al infractor.

Además, se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual como órgano colegiado de ámbito nacional para el ejercicio las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. De ella ya hablamos en Legal Today antes de que la polémica estuviese servida.

Bajo el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial, se ha dejado aparte la consideración de la carga de trabajo adicional que va a suponer para los juzgados que tengan que afrontar los procesos de cierre de webs.

El Consejo Fiscal, por su parte, fue tajante al decir “debemos resaltar que es dudoso que la protección de la Propiedad Intelectual deba ponerse a la misma altura que el resto de los bienes jurídicos protegidos. Si bien la producción y creación literaria, artística, científica y técnica son reconocidos como Derechos Fundamentales por el art. 20.1.b) de la Constitución, hay que distinguir la producción y creación literaria, etc. (que sin duda constituyen Derechos Fundamentales) de la salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual, que no posee tal privilegiada configuración constitucional, como lo demuestra su desarrollo por una Ley Ordinaria y no por Ley Orgánica (el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril)”.

Andy Ramos comentaba a Legal Today hace unas semanas las dificultades que plantea la reforma que ya ha obtenido su primera luz verde importante. En su opinión, la vía elegida “no sólo no contenta a la comunidad internauta sino que puede ser un caramelo envenenado para la industria del entretenimiento ya que se articula un procedimiento administrativo que no persigue el interés general propugnado por el artículo 103 CE, sino un derecho puramente privado y particular como es el de propiedad intelectual”. Seguía diciendo que “de esta forma, que un órgano administrativo persiga intereses y derechos particulares podría plantear serios problemas de constitucionalidad. A ello habría que sumar -matizaba- que se desconoce el futuro funcionamiento y constitución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, haciendo la propia Ley de Economía Sostenible una remisión a un futuro Reglamento de desarrollo del que desconocemos su contenido”.

Veremos cómo evoluciona. Por el momento, todo indica que ha echado a andar con ciertas deficiencias.

Vía | Legaltoday